Presentación

 

Recicladore con bandera de Colombia en su carrito
En Colombia, como en el resto del mundo, la gestión de residuos en las ciudades es una cuestión de política pública impostergable. El crecimiento urbano en las últimas décadas, los impactos negativos de los modelos de producción vigentes sobre el medio ambiente y los límites espaciales para la disposición de los residuos obligan a un cambio en la concepción de los modelos de gestión de residuos, en donde el reciclaje cobra mayor importancia.

Los recicladores y las recicladoras en la economía informal son actores importantes para abordar estos desafíos. Por ejemplo, en Bogotá, capital de Colombia, estos trabajadores recuperan cerca de 1200 toneladas diarias contribuyendo a que el 19% de los residuos potencialmente reciclables de la ciudad no lleguen al relleno sanitario, prolongando así la vida útil de este espacio, y mitigando la contaminación ambiental y la propagación de enfermedades y pestes que representa la concentración de residuos. Esta realidad es homologable a la de otras ciudades en el país, de tal forma que es posible afirmar que en toda Colombia, y en general en todos los países con presencia de este sector, los recicladores ayudan también a que haya menos presión sobre los recursos naturales vírgenes al proveer como insumos los materiales recuperados a la industria, y promueven la generación de trabajo y de actividad económica al vender estos materiales a los bodegueros y otros intermediarios. En breve, con su labor estos trabajadores ofrecen un servicio público que se traduce en importantes contribuciones económicas, ambientales, y en materia de salud pública para las ciudades.

A pesar de las importantes contribuciones que hacen, en su mayoría, esta población continúa viviendo en la pobreza, trabajando en condiciones de alto riesgo, y sin tener acceso a protección social ni de trabajo. Los marcos normativos, en general, actúan en detrimento de sus formas de trabajo. Por décadas, los recicladores organizados han tenido que luchar, y siguen luchando, para que todos los recicladores puedan continuar en este oficio, y para lograr ser reconocidos como agentes ambientales y como proveedores de servicios públicos –y recibir, por tanto, una remuneración por los servicios que les prestan a la sociedad y a los gobiernos de las ciudades‒.

Con una variedad de estrategias, y haciendo uso de recursos jurídicos para la defensa de su derecho a trabajar, las organizaciones de recicladores, en cabeza de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), han logrado que la Corte Constitucional de Colombia emitiera un conjunto de sentencias y pronunciamientos desde 2003, en los cuales se hace un doble reconocimiento a esta población: por su condición de sujetos que requieren de especial protección del Estado, pero sobre todo, por las importantes contribuciones que hacen al medio ambiente y a la gestión municipal de residuos.

Este conjunto de pronunciamientos, en particular el Auto 275 de 2011, han orientado cambios a nivel normativo que instruyen a los gobiernos locales a implementar modelos de gestión centrados en el reciclaje que incluyan a los recicladores, como el Decreto Nacional 2981 de 2013 del Ministerio de Vivienda, el cual además estipula que los recicladores deberán ser incluidos en los procesos de formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Iniciativas como la Alianza Nacional por el Reciclaje Inclusivo, que une a instancias gubernamentales, la Organización Nacional de Recicladores (ANR), empresas privadas y otras organizaciones para generar modelos inclusivos de reciclaje también se enmarcan en esta misma línea.

Estos cambios, si bien constituyen importantes logros, aún no garantizan la inclusión de los recicladores en la gestión de residuos, sea porque continúan existiendo intereses y normativas que no son consistentes con esta tendencia, porque todavía hay debate en torno a la forma en la que la inclusión debería darse, porque no hay claridad en torno a la definición “normativa” de reciclador, o porque todavía no se han puesto en marcha los mecanismos de apoyo para la organización de los recicladores y para el fortalecimiento de sus organizaciones.

Desde hace años, WIEGO ha estado apoyando a la ARB y la ANR en su lucha por reconocimiento y por inclusión en Colombia, a través de investigaciones y desarrollo de modelos especializados, talleres de concientización, apertura de espacios de diálogo en foros internacionales, capacitación y acompañamiento en diálogos y negociaciones con autoridades, y la promoción de intercambio de experiencias con otras organizaciones de recicladores en el mundo. En particular, desde 2014 WIEGO ha venido trabajando junto con la ANR, CEMPRE y Fundación Familia en la creación de talleres con organizaciones de recicladores en varios municipios de Colombia para explicar los cambios que se han dado en materia normativa, las oportunidades que dichos cambios conllevan, y la importancia de que los recicladores participen en la formulación de los PGIRS y entablen diálogos con los gobiernos locales. En febrero de 2015, WIEGO también se unió a la Alianza Nacional por el Reciclaje Inclusivo con el objetivo de unir fuerzas con los participantes en la promoción de modelos inclusivos de manejo de residuos con recicladores y de medidas en favor de esta población, así como para apoyar la voz de los recicladores en este foro.

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